Impacto del COVID-19 en la economía argentina

Resumen en Español:

El COVID-19 ha provocado una situación única a escala mundial afectando económica, social, ambiental y políticamente a los países. Garantizar el acceso básico a la salud y evitar muertes que, en circunstancias controladas pudiesen ser prevenidas, se volvió prioritario para los Estados. Debido a la alta transmisibilidad global del virus, una de las principales medidas adoptadas fue la implementación de cuarentenas y aislamiento social. El impacto inmediato de estas medidas fue económico ya que muchas personas se quedaron sin la posibilidad de continuar trabajando y perdieron el medio principal de subsistencia, y social debido a las consecuencias del aislamiento. Al respecto, los países variaron su estrategia de cara a enfrentar la pandemia. Según Naciones Unidas, las medidas de mitigación a la propagación del virus deben incluir un paquete de políticas socioeconómicas para aliviar los efectos negativos sobre la sociedad que no se limitan a la dimensión sanitaria, sino que alcanzan al empleo y a los derechos humanos (ONU 2020). En efecto, se estima que entre 70 y 100 millones de personas quedaron expuestas a la extrema pobreza, lo que demuestra una crisis de dimensión humanitaria (ONU 2020). La preservación del empleo fue una preocupación central y el rol de los Estados se volvió nodal para evitar una ampliación en las desigualdades generada a través del canal laboral con impactos disímiles según las características individuales (género, edad, nivel educativo) (CEPAL 2020). En la Argentina una de las medidas adoptadas fue la implementación de confinamientos sociales, con un sistema diferenciado por provincias según nivel de contagio. A finales de 2020, esta estrategia ha resultado exitosa para evitar colapsos hospitalarios y robustecer el sistema sanitario, pero ha generado impactos negativos inmediatos en lo económico y lo laboral. Para atenuar estos impactos negativos en los ámbitos sociales y económicos, se aplicaron medidas de política integrales, como la prohibición de despidos o subsidios a personas vulnerables y la protección a las empresas y al empleo, realizadas muchas veces a través del fortalecimiento de programas preexistentes (ILO 2020). La recuperación económica y social implica una oportunidad para un nuevo modelo de desarrollo sustentable hacia la descarbonización, la resiliencia y la capacidad de tomar medidas sostenibles e inclusivas, aprovechando la experiencia de anteriores crisis.